Esta es también la realidad del sistema de salud en nuestro país, en el que las mujeres representan casi el 70% de la dotación; donde la mayoría cumple jornada doble: en la casa y el trabajo; muchas tienen hijos/as menores y por tanto necesidad de cuidado infantil; no pocas trabajan en sistema de turnos; son víctimas de violencia de género y algunas incluso de violencia de parte de las y los usuario/as del sistema. Tampoco está ausente de los establecimientos de salud el abuso laboral, sexual y/o el maltrato.

Por lo tanto, hay condiciones de género que impactan negativamente en la salud y calidad de vida de las funcionarias del sector, como también en su desempeño laboral.

No hay duda que constituyen la columna vertebral del sistema de salud y pese que se ha avanzado mucho, aún falta que estén más representadas en puestos de decisión, menos expuestas a riesgos ocupacionales y a reconocer su contribución a la salud de la población, ya sea como cuidadoras principales de la familia -tarea todavía muy invisibilizada y subvalorada-  y como prestadoras de asistencia sanitaria en los sectores formal e informal.

Por ello es necesario avanzar en políticas de igualdad y considerar el género como elemento transversal en el desarrollo de todas las políticas públicas, así como en las propuestas legislativas, especialmente para el caso de Salud.